Hasta hace poco tiempo, pedir que se respete la posibilidad de que todo ciudadano pueda peticionar a las autoridades mediante la utilización de soporte papel hubiera parecido algo impensado porque esa era la manera en la que los administrados efectuaban sus pedidos a los distintos estamentos del Estado y a los privados. Pero en poco tiempo, esa realidad ha cambiado vertiginosamente, y las posibilidades de usar el papel para plasmar un pedido merece ser reivindicado como un verdadero derecho: EL DERECHO AL PAPEL. La tecnología no solo reemplazó al hombre por máquinas sino que también cambió el soporte en el que se deben realizar los pedidos y trámites de la vida cotidiana, se cambió el papel por un archivo casi inmaterial al que se ingresa a través de dispositivos electrónicos de acceso limitado a un porcentaje de la población que requiere de otro recurso cual es el servicio de internet, y de un entrenamiento al que no todos pueden acceder, ya que requiere conocimientos previos y alguien que instruya. Pero además exige contar con la “voluntad” y la “capacidad” para aprehender a usar las nuevas formas de plasmar las peticiones. Con esto quiero decir que no solo es necesario tener una computadora o un teléfono celular con un grado importante de actualizaciones y una capacidad de almacenamiento considerable, sino que hay que poder acceder al conocimiento de cómo usar esas herramientas, siempre y cuando el servicio de internet sea lo suficientemente bueno para poder hacer funcionar esas diminutas máquinas. Todo lo cual no sirve de nada, si no existe la voluntad del usuario de querer aprender a usar esos medios, o peor aún sino tiene la capacidad para asimilar esos conocimientos. Si alguno de todos esos elementos falla o falta el sistema no funciona. Si no hay computadora o celular, o no tienen actualizados los programas, o no tienen la capacidad suficiente, o no hay señal de internet apropiada, o la persona no puede acceder a aprender a manejar esos aparatos o simplemente no tiene ganas de hacerlo, sencillamente la persona pierde prácticamente el Derecho a peticionar ante las autoridades. Hoy por hoy, no se puede hacer por ejemplo ningún reclamo a la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba o a otras reparticiones estatales en soporte papel, siendo la única vía para hacerlo el ingreso a los portales virtuales creados por el gobierno, previa generación de una registración que convierte a las personas en “ciudadanos digitales”. Difícil hacerle entender a los hombres y mujeres del interior profundo de la provincia y del país que no pueden reclamar o pedir algo a la administración con un simple escrito firmado de puño y letra, con un original y una copia como se hizo siempre. El principio del informalismo a favor del administrado que se pregona en el derecho administrativo fue reemplazado por una maraña de procedimientos digitales con claves y más claves, páginas, sitios y portales que hacen imposible el acceso a una porción demasiado importante de la población. Es decir que miles de personas quedaron fuera del sistema, fuera de la posibilidad de hacer valer sus derechos, no porque no exista un medio para hacer respetar ese derecho, sino porque el mismo no está a su alcance, ya sea porque materialmente es inalcanzable, ya sea porque intelectualmente no tiene la capacidad o sencillamente porque no tiene ganas “después de viejo” de someterse a un formato donde no existe el cara a cara entre otras cosas. Los nuevos sistemas fueron impuestos y dejaron a muchos fuera, especialmente a los adultos mayores, generando una necesidad y consecuentemente un derecho. El derecho a poder acceder a realizar todas las gestiones ante las administraciones públicas y privadas mediante el formato de soporte papel, que ha garantizado durante siglos el derecho de los administrados. Es necesario garantizar ese derecho porque de lo contrario se van a seguir vulnerando los de millones de personas que ven en las nuevas tecnologías barreras infranqueables y determinan en la mayoría de las oportunidades desistir de sus justas pretensiones. Ello genera la necesidad que por un lado desde el gobierno se implementen puntos de accesibilidad a las tecnologías, una especie de cyber público, pero con el asesoramiento de quienes no solo conozcan el manejo de los sistemas, sino que no utilicen esos conocimientos para defraudar a quienes deben recurrir a la instancia de auxilio informático. Como lo han hecho tantos hijos, nietos y sobrinos sacándoles préstamos con la tarjeta al jubilado que no entendía luego porque cobraba tan poco. Pero también el Estado debe garantizar el derecho de los ciudadanos que decidan prescindir del uso de las nuevas tecnologías y resguardarse en el papel, cuya materialidad les garantiza la seguridad de la existencia de una petición en curso y no la incertidumbre de la nube que almacena la información mundial. El DERECHO AL PAPEL SURGE COMO UN NUEVO DERECHO FRENTE A LA INVASIÓN INFORMÁTICA.