Miércoles 5 de Febrero de 2025

25/01/2025

La historia del diputado brasileño asesinado en dictadura que inspiró la película “Todavía estoy aquí”, nominada al Oscar

Fuente: telam

El filme, primera producción de Brasil que recibe esta nominación, narra la historia de Rubens Paiva, asesinado hace 54 años en un centro de tortura

>“Todavía estoy aquí”, la multipremiada película del director Walter Salles protagonizada por Fernanda Torres, que también se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz a principios de enero, fue nominada el jueves al Oscar a la mejor película. Es la primera vez que una película brasileña recibe esta nominación. En la prestigiosa ceremonia, que se celebrará en Los Ángeles el 2 de marzo, “Todavía estoy aquí” competirá también en las categorías de mejor película de lengua extranjera y mejor actriz protagonista. Pero más allá del Oscar, esta película, que se estrenó en los cines brasileños en noviembre, se ha convertido en pocos meses en el símbolo de todo un país y de su lucha por no borrar la memoria de uno de los capítulos más trágicos de su pasado.

La película está basada en el libro escrito en 2015 por su hijo, Marcelo Rubens Paiva, un niño en el momento de la desaparición de su padre a manos de la dictadura. “La literatura es el testimonio de los vencidos. Y somos nosotros, los perdedores de los años 70, los que contamos nuestra versión de los hechos mientras los jóvenes intentan descubrir la historia del país a través de un libro como éste”, ha dicho estos días Marcelo Rubens Paiva. La protagonista, tanto de la novela como de la película, es la madre de Marcelo, Eunice, interpretada por Fernanda Torres. Abogada, luchó denodadamente por averiguar la verdad sobre el final de la vida de su marido y se convirtió en un símbolo de la resistencia al régimen. También acabó en prisión durante 12 días. Falleció en 2018 a los 86 años.

La historia de su padre fue una de las más dramáticas de la dictadura militar, instaurada en Brasil por un golpe militar, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964. Todo comenzó en forma de una rebelión militar seguida de la declaración de vacancia de la presidencia de la República por el Congreso Nacional el 2 de abril, la formación de una junta militar (el llamado Comando Supremo de la Revolución) y el exilio el 4 de abril del presidente João Goulart. En su lugar, el Presidente de la Cámara de Diputados, Ranieri Mazzilli, asumió temporalmente el poder hasta la elección por el Congreso del General Humberto de Alencar Castelo Branco, uno de los principales cabecillas del golpe.

Además de sacudir las conciencias de quienes vivieron aquel trágico y oscuro momento de la historia brasileña y educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria, la película también sirvió para agitar el debate sobre la justicia reparadora para las víctimas de la dictadura. En las mismas horas en que la película era nominada al Oscar, la familia de Rubens Pavia recibía el nuevo certificado de defunción del diputado, en el que por primera vez se indica el motivo. La causa de la muerte, reza el documento, “fue innatural, violenta, provocada por el Estado brasileño en el contexto de la persecución sistemática de la población identificada como disidente del régimen dictatorial instaurado en 1964”. El nuevo certificado cumple una resolución del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). El año pasado, el CNJ decidió, como parte de un proceso más amplio de reparación a las víctimas del régimen militar, que el Estado brasileño debía rectificar sus certificados de defunción o emitirlos en el caso de los desaparecidos, cuyos cuerpos nunca han sido localizados. La rectificación forma parte del trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad, que pretende corregir los certificados de defunción de 202 personas asesinadas durante la dictadura y hacer públicos los documentos de los 232 desaparecidos, para un total de 434 víctimas reconocidas.

La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en 2011, extinguida en 2014 e integrada por comisiones estatales, asociaciones de derechos humanos y familiares de víctimas. Según sus datos, durante el régimen militar hubo 434 víctimas y desaparecidos. Entre los torturados estaba también la ex presidenta de la república Dilma Rousseff. En la década de 1980, al igual que en otros regímenes militares de la región, la dictadura brasileña comenzó a tambalearse al no poder seguir estimulando la economía y controlar la inflación, que llegó al 231% cuando los generales dejaron el poder. De ahí el nacimiento de un movimiento prodemocrático y la aprobación de una ley de amnistía para los delitos políticos cometidos por y contra el régimen, hasta las primeras elecciones democráticas de 1985, con candidatos civiles y militares. Después, en 1988, la nueva Constitución abrió definitivamente la puerta a la democracia.

Lamentablemente, hasta ahora, a pesar de la instalación de una Comisión de la Verdad en el gobierno de Dilma Rousseff que escuchó a víctimas, testigos e incluso a algunos de los autores de la represión e identificó a 377 responsables, ninguno de ellos ha sido condenado. Ante la Comisión, las Fuerzas Armadas brasileñas negaron incluso que hubiera habido torturas y asesinatos. El caso de Rubens Paiva tampoco ha recibido hasta ahora justicia en los tribunales. En 2014, el Ministerio Público Federal (MPF) acusó de su asesinato a cinco militares ya retirados: José Antônio Nogueira Belham, Jacy Ochsendorf e Souza, Rubens Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza y Raymundo Ronaldo Campos. Sin embargo, el caso está ahora atascado en el Supremo Tribunal Federal (STF). En noviembre pasado, el juez encargado Alexandre de Moraes envió la documentación a la Fiscalía General de la República, de la que no ha recibido respuesta hasta la fecha. El caso había llegado al STF en 2021, tras una apelación del Ministerio Público Federal contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había suspendido el juicio.

Las comunidades indígenas también han empezado a hacer oír su voz. Entre las investigaciones que la Comisión de la Verdad sobre la dictadura ha dado a conocer a la opinión pública se encuentra la olvidada masacre del pueblo indígena Waimiri-Atroari de la Amazonía. Entre los años 60 y 70, casi 2.000 personas fueron asesinadas mientras se construía la carretera amazónica BR-174 (Manaus-Boa Vista) para el régimen militar que había hecho de la Amazonía uno de los buques insignia de su agenda. El informe final de la Comisión de la Verdad estima que más de 8.000 indígenas fueron asesinados durante el gobierno militar, hasta el punto de que una de las recomendaciones fue la creación de una Comisión Indígena de la Verdad, que hasta ahora nunca nunca vio la luz. “La situación para nosotros sigue siendo grave, tanto que aún hoy seguimos siendo víctimas de invasiones, explotación y saqueo de nuestros territorios, básicamente de forma legalizada por el Congreso Nacional, que hoy está ocupado por descendientes, familiares e incluso personas que trabajaron en la dictadura contra la sociedad brasileña, y en particular contra nosotros”, afirmó Paulino Montejo, asesor político de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en un acto sobre “Justicia transicional, reparación y no repetición de los crímenes cometidos por la dictadura contra los pueblos indígenas”. Para Braulina Baniwa, de la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas, “del mismo modo que hablamos de educación, salud y demarcación de tierras, es necesario que seamos nosotros los que discutamos sobre memoria y justicia. De lo contrario, siempre serán otros los que hablen por nosotros. Hablar de este capítulo de nuestra historia significa pensar en un futuro sin dolor para nuestros hijos”, afirmó. En resumen, el premio Oscar podría consagrar no sólo una película y sus actores, sino dar una nueva voz a quienes hasta ahora no han recibido justicia de la historia.

Fuente: telam

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