En línea con esto, el fiscal a cargo del caso demandó que la ex ministra sea condenada a devolver el monto actualizado de los fondos estatales que se había apropiado en 2020, los cuales representaron un total de $1.915.154. Frente a esto, el abogado defensor de Torres Otarola, Romano Cominetti, presentó un pedido para que la pena no sea mayor a tres años y que sea de forma condicional al argumentar que su cliente “no tiene antecedentes policiales, solo ser víctima de violencia de género de parte de su ex marido”.

Por otro lado, el fiscal Rodríguez solicitó que los funcionarios públicos que habían sido nombrados por la ex ministra, identificados como Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles, sean sentenciados a cumplir una condena de 2 años en prisión en suspenso. Además de pedir que los cuatro implicados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos por el resto de sus vidas, remarcó la necesidad de que cumplan reglas de conducta que constaría de una presentación cada tres meses y la realización de una capacitación en ética en la función pública.